SAN FERNANDO: Contraloría da luz verde para realizar juicio de cuentas a la Corporación Municipal

Según un dictamen firmado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, procede la realización de dicha investigación en San Fernando.

Este martes, se conoció el dictamen 16073 de la Contraloría General de la República que señala que, en el caso de las Corporaciones Municipales, como la existente en San Fernando, procede la realización de un Juicio de Cuentas en contra de los administradores titulares de dichas organizaciones.

En ese sentido, el documento firmado por el fiscalizador, indica que “las instituciones en referencia son entidades mediante las cuales las municipalidades ejercen atribuciones que la Carta Fundamental y el legislador les entregó, particularmente, en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, actividades de naturaleza jurídica pública”.

Además, agrega que “sobre la base de las disposiciones precedentemente transcritas y las consideraciones expuestas, debe concluirse que resulta procedente la interposición de reparos ante el Tribunal de Cuentas en contra de las personas que administran o tengan a cargo recursos públicos en las corporaciones municipales señaladas, por aplicación de lo prescrito por el artículo 136 de la ley N° 18.695”.

Es por ello que, tras la diputada Alejandra Sepúlveda solicitó esta aclaración a la norma, con el fin de iniciar dicha investigación en contra del actual alcalde de San Fernando, y presidente de la Cormusaf, Luis Berwart, lo que inclusive podría culminar con su destitución.

¿QUÉ ES UN JUICIO DE CUENTAS?

Según lo expresado por Contraloría, “El Juicio de Cuentas tiene por objeto determinar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual de una persona que, ejerciendo sus atribuciones de tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes de las entidades sometidas a la fiscalización de la Contraloría General, y como consecuencia de acciones u omisiones imputables a su culpa o negligencia, causó una pérdida o deterioro en el patrimonio que administraba, conforme a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General”.

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