La Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Marcela de Orúe Ríos y Andrea Urbina Salazar (suplente), y el abogado integrante Mauricio Abarca Lagos- mantuvo la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, que había decretado la cautelar por estimar que la libertad del empresario Eduardo Macaya, si constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de las víctimas.
Macaya es imputado en una causa por abuso sexual reiterado de menores y se encuentra bajo custodia al interior de la Cárcel de Rancagua.
La decisión fue acordada por el voto en contra de la ministra Marcela de Orúe Ríos, quien estuvo por imponer otras medidas cautelares, que permiten, igualmente, mantenerlo vinculado a los actos del proceso, como el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Por su parte, la fiscal del Ministerio Público, Javiera Oro, aseguró que «la Corte conoció el recurso de apelación de la defensa de Eduardo Macaya. La Corte, en su gran mayoría, confirmó la resolución del Tribunal de Garantía de San Fernando que dio lugar a la medida de prisión preventiva, compartiendo los argumentos que presentó el Ministerio Público».