Como es sabido, durante estas últimas semanas se han producido una serie de despidos y desvinculaciones en diversos centros asistenciales del país a raíz del término de la alerta sanitaria por COVID-19.
En el caso del Hospital de San Fernando, los 150 funcionarios menos se traduce en: 18 cierre de camas en medicina; 26 camas menos en cirugía; 12 camas cerradas en UTI; reducción de 31 a 23 box en urgencia; bajar de 2 a 1 reanimador en urgencia; reducción a solo 35 pacientes diarios en unidad de hospitalización domiciliaria; cierre de un pabellón quedando solo tres disponibles; reducción de atención de pacientes en programa de cirugía vasvular; incumplimiento de atención de pacientes por Ley Ricarte Soto y programa de tuberculosis; pediatría, medicina y cirugía sin atención de kinesiólogos en horarios de 24 horas, sábados y domingos; la salida de tecnólogos médicos, en laboratorio, implica que exámanes no tendrán atención 24 horas; salida de TENS en medicina transfucional implica que no podrán cumplir con el grado de urgencia requerido para transfusiones; en imagenología la salida de tecnólogos médicos implica la suspensión de sobrecupos para fines de semana y festivos.
Lo anterior, indican, afectará en 1.200 cirugías menos al año, aumento al doble de tiempos de espera en cirugía, 15 mil exámenes mensuales menos, derivación de pacientes a otros hospitales, mayor tiempo de espera en consultas de especialidad, 12.600 atenciones mensuales menos en UHD, 300 intervenciones mensuales menos en endoscopías, colonoscopías y otras.
«Lamentamos profundamente que estas acciones puedan afectar a nuestra población usuaria, pero ante la intransigencia del Gobierno y de nuestras autoridades ministeriales para comprender el impacto de la salida abrupta de nuestros compañeros de trabajo, profesionales, técnicos y auxiliares de servicio, perjudica a la salud pública. Por lo que exigimos mantener a los 150 funcionarios», cierre el comunicado firmado por los gremios Fenpruss, Fenats y Asenf.