El concejal de San Fernando, Matías Álvarez, denunció ante la Contraloría General de la República la contratación de la producción general y técnica del Tren Cultural 2024.
La acción fiscalizadora cuestiona el Decreto Alcaldicio N° 199, del 24 de enero de 2024, mediante el cual el municipio —bajo la gestión del alcalde Pablo Silva Pérez— autorizó un trato directo por $180.880.000 (unas 2.797 UTM) usando la causal de «imprevisto».
La denuncia se basa en una investigación de 355 páginas y nueve anexos. Álvarez expone que el municipio conocía el proyecto desde el 13 de diciembre de 2023, firmó el convenio el 28 de diciembre y recibió los recursos el 5 de enero de 2024. Así, dispuso de 50 días corridos antes del evento, lo que descarta cualquier imprevisto real.
La contradicción principal radica en que, apenas seis días después de decretar que licitar era «imposible», la misma municipalidad abrió una licitación pública de servicios complementarios para el mismo evento (guardias, carpas y baños químicos), la cual adjudicó con éxito el 9 de febrero.
Ese mismo día, se registró una coincidencia de 42 minutos: la orden de compra del trato directo se envió al proveedor a las 13:51 horas, y solo 42 minutos después (14:33) se adjudicó la licitación complementaria.
Aunque los hechos ocurrieron antes de que Álvarez asumiera el cargo, el edil recalcó que no hay vencimiento para defender los recursos públicos. El caso, que también cuestiona el sistema de control interno, queda en manos del organismo fiscalizador.
Es más, en las últimas horas el caso fue tratado en un reportaje de Canal 13.