La Contraloría General de la República emitió el Informe Final N° 260-2026, en el cual ratificó graves omisiones e irregularidades administrativas en la adquisición de un bien inmueble por $49.000.000 efectuada por la Municipalidad de Nancagua.
La fiscalización se originó a partir de una solicitud enviada por el propio municipio mediante el Oficio N° 200 en marzo de 2026.
Entre los principales hallazgos del organismo de control destacan la falta de acuerdo del Concejo Municipal. El 21 de marzo de 2023, el municipio suscribió el contrato de compraventa con la Sociedad Comercial e Inmobiliaria don Emilio Limitada sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal, contraviniendo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el principio de juridicidad.
También expresa la ausencia de decretos y actos administrativos. La compraventa se concretó sin dictar el decreto alcaldicio que autorizara la operación, sin el acto administrativo que aprobara el contrato y sin un decreto que dispusiera oportunamente el pago.
Asimismo, cuestiona que la propiedad no está inscrita y reparó por $49 millones. Pese a que el pago de $49.000.000 se efectuó el 31 de mayo de 2023 (mediante el decreto de pago folio 233A), la Contraloría constató que el inmueble no consta inscrito a nombre de la municipalidad en el Conservador de Bienes Raíces. Por no acreditarse la incorporación del terreno al patrimonio municipal, el órgano de control procederá a formular un reparo por la totalidad de los fondos.
Además, el ente contralor, manifestó que se dio un plazo de 15 días hábiles para instruir un procedimiento disciplinario interno y determinar responsabilidades administrativas. Además, remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La respuesta de la Municipalidad de Nancagua
Ante la publicación del informe, la Municipalidad de Nancagua emitió un comunicado público para precisar el contexto y las acciones adoptadas:
Origen en la gestión anterior: La municipalidad precisó que la adquisición se realizó en marzo de 2023 bajo la administración del exalcalde Mario Bustamante Salinas, generando un daño económico de $49.000.000 de fondos municipales.
Querella por fraude al fisco: La gestión del actual alcalde, Gabriel Ahumada Díaz, señaló que al detectar las anomalías instruyó una investigación interna, hizo la denuncia ante la Contraloría y presentó una querella criminal por fraude al fisco ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz para perseguir responsabilidades penales.
Compromiso con la transparencia: El municipio concluyó reiterando su compromiso con la probidad y la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y resguardar el patrimonio de la comuna.
