Crece la preocupación entre las comunidades rurales por los altos costos y deficiencias en la Carretera de la Fruta, situación que ha motivado al diputado Félix Bugueño a oficiar al director de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y a la ministra Jessica López, exigiendo medidas concretas y urgentes.
La solicitud de fiscalización, surge tras una reunión sostenida en el MOP organizada por la senadora Alejandra Sepúlveda, en donde contó con la participación del diputado Bugueño, la diputada Camila Musante y la alcaldesa de Alhué, Marcela Chamorro. También, asistieron concejales y dirigentes sociales de localidades como Santa Clarisa, El Parral, Medialuna, Santa Inés y Pichidegua. El objetivo fue visibilizar ante la ministra, las múltiples problemáticas que enfrentan los vecinos de estos sectores en relación con la vía concesionada.
La Carretera de la Fruta conecta la Ruta 5 Sur a la altura de Pelequén, en la Región de O’Higgins, con el puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso. A pesar de su importancia estratégica para el desarrollo regional y el transporte, los vecinos denuncian constantes deficiencias en materia de seguridad vial, falta de señaléticas, paraderos y un peaje que alcanza los $2.000 por trayecto, lo que implica un gasto diario cercano a los $4.000.
“Lamento la poca empatía con la que actuó la ministra ante los vecinos y vecinas que iban en busca de una solución. Fue una situación densa, que nos incomodó a todos los presentes. Estoy en total desacuerdo con la ineficiencia del Ministerio de Obras Públicas. Estos son sectores históricamente abandonados, que se las han arreglado solos para enfrentar estos problemas. Esperamos medidas urgentes y, ojalá, un cambio de actitud por parte de las autoridades”, expresó el diputado Bugueño tras la cita en la que no se llegaron a acuerdos.
El oficio enviado, solicita a la ministra Jessica López, y a Juan Manuel Sánchez, director general de Concesiones, la presentación de plazos concretos y respuestas ante lo expuesto, así como medidas paliativas para los residentes, quienes actualmente deben pagar tarifas que consideran injustas para poder desplazarse dentro de su propio territorio.