Un demoledor informe de la Contraloría Regional de O’Higgins ha puesto en el ojo del huracán a la administración de la Municipalidad de San Fernando. La auditoría, que abarcó principalmente el ejercicio 2023, reveló desde el uso de materiales públicos para negocios familiares de funcionarios hasta un desorden contable que incluye cheques firmados en blanco y millonarios pagos sin respaldo.
El «negocio de los pasteles» y el Ministerio Público
Uno de los hallazgos más insólitos del reporte detalla cómo un profesional del Departamento de Servicios Generales, el ex CORE Javier Canales Oyarzún, habría retirado planchas de zinc, nailon y madera desde las bodegas municipales. Aunque los insumos debían usarse en una granja educativa, terminaron siendo utilizados para montar un puesto de venta de pasteles para el padre del funcionario en la fiesta de Santa Rosa de Pelequén. Debido a la gravedad de este hecho, la Contraloría ha puesto los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.
Amistades peligrosas bajo la lupa
La lupa fiscalizadora también se posó sobre el alcalde Pablo Silva Pérez. El informe cuestiona la «falta de imparcialidad» en la adjudicación de contratos a Patricio Campos Muñoz, un proveedor que ha facturado más de $805 millones a la casa edilicia. Fotografías en redes sociales mostrarían al jefe comunal compartiendo en celebraciones privadas con el contratista, lo que para el ente regulador constituye una vulneración al deber de abstención y una posible falta a la probidad administrativa.
Un agujero financiero de cientos de millones
En términos económicos, el escenario es crítico. La Contraloría habría ordenado reintegrar cerca de $150 millones por pagos de maquinaria y reparaciones de vehículos de los cuales no existe evidencia de que se hayan realizado efectivamente. A esto se suma el hallazgo de cheques firmados en blanco por diversos apoderados bancarios, una práctica que el organismo calificó como un riesgo inaceptable para el patrimonio público.
Compras sin control
Finalmente, el reporte subraya que la municipalidad abusó de la modalidad de trato directo, saltándose en ocasiones la aprobación obligatoria del Concejo Municipal para compras que superaban las 500 UTM. Incluso, se detectaron adquisiciones realizadas totalmente fuera del sistema de Mercado Público y compras de artículos publicitarios que no guardan relación con las funciones legales del municipio.
La Municipalidad de San Fernando deberá iniciar procedimientos disciplinarios internos para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y establecer planes de trabajo para regularizar su precaria situación contable.