Por: Diputado Félix Bugueño.
Hace dos años comenzó a implementarse la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, un paso histórico impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y liderado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esta ley no solo vino a corregir una deuda pendiente del Estado con miles de familias, sino que estableció un cambio de paradigma en cómo entendemos la responsabilidad parental en Chile.
Gracias a esta normativa, se facilitó el acceso del Estado a la información financiera de los deudores de pensiones de alimentos, creando mecanismos reales y efectivos para el cobro de las deudas, directamente desde cuentas bancarias y otros instrumentos financieros. Por primera vez, el Estado asumió un rol activo en la búsqueda de justicia para miles de madres e hijos.
Los resultados hablan por sí solos. En dos años, los tribunales han ordenado el pago de más de $2,4 billones de pesos, beneficiando a más de 282 mil familias. Esto es casi el doble de lo que se había logrado hasta octubre del año pasado. Una cifra que conmueve, pero también nos cuestiona: ¿cómo permitimos por tanto tiempo que esta deuda se acumulara en silencio?
Lo importante de esta ley es que pone en el centro la subsistencia integral de niñas, niños y adolescentes. Porque hablamos de su alimentación, su seguridad, su derecho a una educación digna y a un desarrollo pleno. Esta no es solo una política económica, es una política de protección a la infancia, de reparación y de justicia.
Debemos seguir avanzando. La meta es promover una mayor corresponsabilidad en la crianza, visibilizar el rol que históricamente han asumido las madres (quienes, en la mayoría de los casos, han enfrentado solas los cuidados) y fortalecer las redes de apoyo que les permitan compartir esa carga.
No olvidamos que el desafío continúa, porque la responsabilidad parental debe ser un compromiso y no una opción.