Un lapidario informe emitido por la Contraloría Regional de O’Higgins ha puesto bajo la lupa a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de San Fernando, tras detectar una serie de irregularidades calificadas como «altamente complejas». El documento revela fallas graves en la gestión de permisos de edificación, recepciones de obras y el funcionamiento de recintos comerciales al margen de la ley.
El Informe Final N° 296-2025 detalla que la municipalidad otorgó autorizaciones de edificación y loteo para el proyecto «Club de Polo II» en terrenos que, según el plan regulador, están destinados exclusivamente a «Zona de Campo Deportivo». La fiscalización en terreno confirmó la existencia de 14 viviendas terminadas y 4 en ejecución en este sector, lo que constituye una contravención directa a la normativa urbanística vigente.
El polémico caso del recinto “Laberinto”
Uno de los puntos más críticos de la investigación afecta al parque temático «Laberinto de San Fernando». Según el ente contralor, este recinto ha operado sin permiso de edificación ni recepción definitiva de sus estructuras. Además, se constató que realizaba actividades comerciales sin contar con un decreto alcaldicio ni patente comercial válida, a pesar de que el municipio percibió ingresos por estos conceptos de manera irregular.
Ante esta situación, la Contraloría ha dado un ultimátum de 60 días hábiles para que la municipalidad adopte medidas de clausura o demolición, en caso de que las construcciones no sean regularizadas conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Viviendas en zonas de riesgo y dilaciones injustificadas
El informe también ratifica anomalías en la Villa Los Libertadores, donde se autorizaron viviendas en una zona industrial y de riesgo hidrológico por la proximidad del Estero Antivero, terrenos que debían ser exclusivos para áreas verdes o uso agrícola. Por este caso, ya se han aplicado medidas disciplinarias de suspensión a directivos municipales.
Asimismo, se detectó que la DOM excedió sus atribuciones al emitir observaciones sin respaldo normativo durante los procesos de recepción de los comités habitacionales Carmen de Los Lingues, San Roque y El Porvenir, lo que provocó dilaciones innecesarias en la entrega de soluciones habitacionales para estas familias.
Dada la magnitud de las infracciones, la Contralora Regional, Rocío Ortiz Pérez, confirmó que se incoará un procedimiento disciplinario por parte de la Contraloría para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados. Por su parte, el municipio deberá iniciar sus propios sumarios internos en un plazo de 15 días respecto a los ingresos percibidos de forma irregular por patentes comerciales.
Este informe exige que, en lo sucesivo, la administración local se ajuste estrictamente al ordenamiento jurídico y a los instrumentos de planificación territorial para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible de la comunidad de San Fernando.